La educación beneficia a quien accede a ella y a toda la sociedad. El nivel de vida material y espiritual de una comunidad depende grandemente del nivel educativo de sus integrantes. Por lo tanto, la educación de todos debe ser solventada por la sociedad en su conjunto. Quienes hemos tenido el privilegio de completar una formación avanzada pagada por toda la sociedad –cosa que hoy no muchos pueden hacer en nuestro país-, tenemos el deber moral de contribuir especialmente al financiamiento de la enseñanza pública, en proporción a los ingresos que nuestra formación nos permite obtener. Ese enfoque del problema del financiamiento de la enseñanza terciaria y universitaria es a la vez más justo y más eficiente que el cobro de matrícula a quienes se supone que pueden pagarla.
¿A quiénes se cobraría matrícula? En el caso de la Universidad de la República, 76% de sus estudiantes necesitan trabajar, 55% están empleados y 21% están desempleados. Además, uno de cada tres estudiantes de nuestra institución trabaja más de treinta horas semanales. Así pues, no tendría sentido cobrarle matrícula a por lo menos las tres cuartas partes del estudiantado. En cuanto al 24% restante, ¿cuántos de ellos podrían pagarla? ¿Cuántos requerirían apoyo adicional de sus familias? En numerosos casos, las familias han hecho y siguen haciendo un esfuerzo importante para que sus hijos puedan estudiar. ¿Podrán ampliar su contribución?
¿Qué aparato de inspección debiéramos montar para saber cuáles estudiantes pueden pagar, cuáles no y cómo varía la situación de cada uno? ¿Cuántos problemas se generarían así? ¿Cuánto dinero se obtendría por esta vía? ¿Cuántos estudiantes abandonarían sus estudios? La matrícula disminuiría el acceso a la enseñanza terciaria, con negativas consecuencias no sólo para quienes queden fuera de ella sino para el futuro del país.
La contribución de los profesionales a través del Fondo de Solidaridad permite al presente financiar varios miles de becas. Si esa contribución se hace proporcional a los ingresos, será más justa e incrementará los recursos disponibles.
Por esta vía se puede avanzar hacia lo que debe ser un gran objetivo nacional para todo país que aspira al desarrollo integral: generalizar el acceso a la formación avanzada, de calidad y conectada con el trabajo a lo largo de la vida entera. No otra cosa han hecho las naciones que suelen mencionarse como los recientes casos exitosos en materia de mejora rápida de la calidad de vida de su gente. Más de siete de cada diez jóvenes en Corea del Sur o Finlandia, Irlanda o Nueva Zelanda, acceden a la enseñanza superior; en Uruguay la cifra baja a menos de la mitad.
Cabe pensar que la posición aquí defendida es compatible con la opinión del gobierno nacional. Ello surge del propio texto del Proyecto de Ley General de Educación que el Poder Ejecutivo ha sometido al Parlamento. Su artículo 19 establece: “El principio de gratuidad asegurará el cumplimiento del derecho a la educación y la universalización del acceso y permanencia de las personas en el sistema educativo”. El artículo 25 deja en claro que el Proyecto se refiere a todos los niveles de la educación, desde el inicial al universitario, incluyendo al postgrado.
Ello es plenamente compatible con la Constitución de la República, cuyo artículo 71 dice: “Declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación física”. La gran cuestión es si apuntamos a reducir o a ampliar la gratuidad de la enseñanza pública. Confiemos en que una discusión abierta lleve a pronunciamientos claros y dotados de amplio respaldo.
Fuente: Informativo del Rectorado Nº 49
Montevideo, 13 de octubre de 2008
